El Principio de Legalidad

Es llamativo que, en un Estado de Derecho como Costa Rica, no se discuta la diferencia entre el principio de legalidad y el principio de autonomía de la voluntad. Cualquier estudiante de segundo año de derecho es capaz de explicarlo. Todo funcionario público sabe que existe una diferencia fundamental entre la gestión pública y la gestión privada.

El principio de legalidad establece que la administración pública sólo puede hacer aquello que le ha sido expresamente ordenado por una norma. En sentido contrario, el principio de autonomía de la voluntad establece que una persona privada -física o jurídica- puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido.

Entonces la gestión de gobierno está constreñida por lo que la ley manda, mientras que los sujetos privados pueden hacer todo lo que decidan siempre y cuando no exista restricción legal para ello.

Las implicaciones de estos dos principios son dramáticas, sobre todo porque los sujetos privados suelen desconocer la diferencia. Además, existe la noción entre sujetos privados de que el gobierno no actúa debidamente para llenar vacíos de poder que existen en el quehacer de la nación.

Para que el gobierno pueda ir llenando estos vacíos se requieren nuevas leyes o reformas a leyes existentes, y estas modificaciones sólo pueden provenir del primer poder de la República, la Asamblea Legislativa. Por ello, la falta de acción de un gobierno a veces se debe a imposibilidades legales y a veces a la falta de leyes que le ordenen actuar.

Un buen ejemplo es la promoción de generación de electricidad a partir de fuentes renovables a cargo de sujetos privados que le permita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fijar tarifas para comprar esa electricidad y distribuirla o exportarla. Sin las leyes correspondientes, el ICE no tiene la autorización requerida para hacerlo.